Donald Trump ha obtenido este lunes una victoria en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, parcial pero victoria al fin y al cabo. En una decisión histórica, los seis jueces que componen la mayoría conservadora han decidido que el presidente tiene inmunidad absoluta ante persecuciones penales por actos oficiales, aunque no sobre los que no realizó en calidad de presidente.
Aunque no han tomado una decisión definitiva sobre si el expresidente tiene esa inmunidad total que se arroga por actos que realizó cuando ocupaba el Despacho Oval, al decidir devolver la cuestión a instancias judiciales inferiores le han dado a Trump lo que buscaba: la práctica certeza de que el juicio penal que enfrenta en Washington por sus intentos de robar las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden y que culminaron con el asalto al Capitolio no se celebra antes de la reedición de su duelo con el demócrata en noviembre.
La jueza Tanya Chutkan, que instruye ese caso, había calculado que necesitará hasta tres meses en la fase previa de instrucción antes de iniciar un juicio que estima que durará otros dos o tres meses y esos preparativos no podrán comenzar hasta que ella misma resuelva la cuestión de qué actos se pueden considerar que realizó a título oficial y cuáles a título individual.
Las acciones de Trump y los cargos
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En cuestión están varias de las acciones de Trump: la presión que ejerció sobre legisladores estatales y cargos electorales para ignorar el voto popular; la organización de “electores falsos” en siete estados; el intento de usar el Departamento Justicia para realizar investigaciones de supuestos (e inexistentes) delitos electorales y para que los estados aceptaran los “electores falsos” e intentar que aquel 6 de enero el vicepresidente Mike Pence usara su papel, que era meramente ceremonial, para alterar los resultados. También en cuestión están los intentos de Trump de explotar para tratar de retrasar la certificación de Biden el asalto al Capitolio que protagonizó una turba de sus seguidores.
Por todo eso el fiscal especial Jack Smith imputó a Trump con cuatro cargos, todos de conspiración. Uno para defraudar a Estados Unidos, otro contra derechos por intentar revertir el resultado legítimo de las elecciones y dos por obstrucción de un procedimiento (oficial y del Congreso). Estos dos últimos ya han sido puestos en jaque por otra decisión que adoptó el Supremo la semana pasada, negando que se pudiera usar un estatuto de obstrucción para endurecer cargos y sentencias contra los asaltantes.
Este fallo del Supremo no resuelve el fondo de este tema pero con el casi seguro retraso de cualquier resolución hasta después de las elecciones abre una vía de escape para Trump. Si el republicano vuelve a ganar la presidencia, podría dar el paso extraordinario de instar a su Departamento de Justicia a retirar los cargos en este caso, uno de los dos federales que ha planteado Smith junto al de Florida que debe juzgar el manejo irregular de documentos clasificados.
Trump, que ha acumulado 88 cargos penales en su contra, ya ha sido condenado por 34 de ellos en Nueva York en el caso originado por el pago para silenciar a Stormy Daniels (con la sentencia prevista para el próximo jueves) pero ha logrado victorias en su estrategia de posponer los de Washington y Florida, así como el penal que enfrenta por los intentos de revertir los resultados electorales legítimos en Georgia.
Un caso histórico
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El Supremo ya había sentenciado que un mandatario no puede ser demandado por lo civil por actos que realizó durante su mandato pero esta era la primera vez que consideraba la inmunidad penal de un expresidente. Tanto la jueza Chutkan como un tribunal de apelaciones se la habían denegado. Pero Trump elevó el caso hasta el Alto Tribunal. Y ya en abril, cuando a lo largo de más de dos horas y media los nueve jueces escucharon los argumentos de las partes, se había intuido que una decisión como la de este viernes podía llegar.
En aquella sesión John Sauer, el abogado de Trump reiteró argumentos de que un expresidente sería inmune incluso si hubiera ordenado un golpe de estado o el asesinato de un rival político mientras ocupaba el cargo y solo dio como opción de hacerle responsable que fuera sometido a un ‘impeachment’ y condenado en ese juicio político. Trump ya tuvo su segundo impeachment por su intento de evitar la transferencia pacífica y legítima de poder pero fue exonerado por los republicanos.
El letrado también aseguró que no darle esa inmunidad “abriría una caja de Pandora de la que la nación podría no recuperarse nunca”. “Si un presidente tiene que estar mirando por encima de su hombro cada vez que él o ella tiene que tomar una decisión controvertida, eso inevitablemente limitará su capacidad de ser presidente”, dijo.
Es un argumento con el que dieron señales de concurrir varios de los jueces conservadores, incluyendo dos de los tres que nombró Trump durante su mandato. Neil Gorsuch recordó que tenían entre manos “una decisión para la historia” y Brett Kavanaugh aseguró que si se abría la puerta a imputar a presidentes por actos oficiales se usaría “contra el actual presidente y el siguiente y el siguiente”. También el juez Samuel Alito dijo en aquella sesión: “Decidamos lo que decidamos va a afectar a todos los futuros presidentes”.
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“Un monarca por encima de la ley”
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Las tres magistradas progresistas, en aquella vista, tomaron por el contrario una postura mucho más decidida contra las alegaciones de los abogados de Trump de que tiene inmunidad total. Una de ellas, Elena Kagan, apuntó a que “los padres de la Constitución no incluyeron una cláusula de inmunidad” cuando “sabían cómo hacerlo” y recordó que “reaccionaban contra un monarca que aseguraba estar por encima de la ley”.
2024-07-01 14:51:19
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